Archivo del Autor: Barrasa

Las juntas de propietarios telemáticas

Telefono

El Real Decreto Ley 8/2021 del 4 de mayo prevé la posibilidad de la celebración de las juntas telemáticas.

El Consejo General de Colegios de administrador de fincas presentó en el mes de marzo una iniciativa legislativa ante el Parlamento y gestionó esta reforma con todos los grupos parlamentarios para que plantearan la reclamación al Gobierno de la nación de que, finalmente, se aprobara este Real Decreto en el Consejo de ministros del pasado 4 de mayo del presente año 2021.

La regulación que se ha expuesto en el Capítulo segundo del citado RDL 8/2021 tan solo se refiere a la posibilidad de la celebración de la junta telemática, no regula la forma en la que se debe proceder por parte del presidente y administrador de fincas para formalizar la convocatoria de la junta de propietario para evitar situaciones de indefensión.  Leer más  

El Impuesto sobre Valor de la Producción de Energía Eléctrica

Atardecer

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en las que declara que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) no es contrario a la Constitución ni al derecho de la Unión Europea.

La Sala afirma que los artículos 1, 4.1, 6.1 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que regulan el impuesto, no contradicen el principio de capacidad económica que proclama el artículo 31.1 de la Constitución Española. Además, recuerda que el Tribunal Constitucional resolvió que las dudas de constitucionalidad planteadas en relación con el citado impuesto resultaban infundadas, motivo por el que inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por esta Sala. Leer más  

Ley antiblanqueo: cambio de moneda virtual y custodia de monederos electrónicos

Billetes_II

La regulación del RD Ley 7/2021 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que reforma la Ley 10/2010 de 28 de abril, ha abierto un extenso debate sobre temas como la futura inclusión en el listado de nuevos sujetos obligados de las plataformas de cambio de moneda virtual en moneda de curso legal y de los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, que aparece en la Quinta Directiva.

El registro obligatorio en el listado tanto del Banco de España como del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias),  de las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas con centro de operaciones en nuestro país es una de las obligaciones del Real Decreto Ley 7/2021 aprobado este mes de mayo. Se puede decir que este real decreto ha sido la antesala a la trasposición de la Directiva 2018/843/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo (Quinta Directiva). También, se puede afirmar que el objetivo de esta norma europea está en reportar operaciones sospechosas o una posible financiación del terrorismo favorecida por el uso anónimo que sus portadores hacen de la moneda virtual.

Los ajustes necesarios de la normativa nacional para conseguir una adaptación a los cambios que llegan desde Europa han hecho que los profesionales del sector esperaran con ansiedad tanto este RDL como la trasposición de la directiva mencionada. Sin embargo, y tras la aprobación del Real Decreto Ley 7/2021,  el debate no se ha hecho esperar y los expertos han puesto de relieve las posibles confusiones normativas en materia de PBC/FT.  Leer más  

Reclamación patrimonial de la administración pública

Partenon

Se trata de un procedimiento destinado a indemnizar a los particulares por las lesiones que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Abarca la totalidad de los sectores públicos: negligencias médicas o falta de atención médica adecuada, accidentes por falta de señalización, caídas y daños por el mal estado de la calzada, materia de contratos públicos, nulidad de planeamiento urbanísticos, intoxicación por contaminación del abastecimiento de agua municipal, responsabilidad por falta de atención a de las personas en situación o riesgo de exclusión social, ente otros muchos supuestos.  Leer más