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Ley antiblanqueo: cambio de moneda virtual y custodia de monederos electrónicos

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La regulación del RD Ley 7/2021 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que reforma la Ley 10/2010 de 28 de abril, ha abierto un extenso debate sobre temas como la futura inclusión en el listado de nuevos sujetos obligados de las plataformas de cambio de moneda virtual en moneda de curso legal y de los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, que aparece en la Quinta Directiva.

El registro obligatorio en el listado tanto del Banco de España como del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias),  de las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas con centro de operaciones en nuestro país es una de las obligaciones del Real Decreto Ley 7/2021 aprobado este mes de mayo. Se puede decir que este real decreto ha sido la antesala a la trasposición de la Directiva 2018/843/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo (Quinta Directiva). También, se puede afirmar que el objetivo de esta norma europea está en reportar operaciones sospechosas o una posible financiación del terrorismo favorecida por el uso anónimo que sus portadores hacen de la moneda virtual.

Los ajustes necesarios de la normativa nacional para conseguir una adaptación a los cambios que llegan desde Europa han hecho que los profesionales del sector esperaran con ansiedad tanto este RDL como la trasposición de la directiva mencionada. Sin embargo, y tras la aprobación del Real Decreto Ley 7/2021,  el debate no se ha hecho esperar y los expertos han puesto de relieve las posibles confusiones normativas en materia de PBC/FT.  Leer más  

Los autónomos y pymes podrán reclamar las cláusulas suelo

Los autónomos y pymes podrán reclamar las cláusulas suelo

Ahorros_Sepia

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su reciente sentencia 168/2020, fija nueva jurisprudencia acerca de la reclamación de cláusulas suelo por parte de pymes y autónomos, abriéndoles así la puerta de manera indubitada a que puedan reclamar la devolución de las cantidades pagadas de más como consecuencia de la imposición de la cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios.

En la precitada sentencia, el Alto Tribunal ha dado la razón al cliente, un taxista autónomo, que había solicitado un préstamo al banco para la adquisición de una licencia municipal de auto-taxi de Madrid. Se trataba de un préstamo con garantía hipotecaria a interés variable, con una limitación a la variabilidad del tipo de interés (suelo) del 6,50%.

La Ley de Condiciones Generales de la Contratación reconoce en su exposición de motivos que existen igualmente situaciones de abuso cuando los contratos se firman entre empresas. Pero hasta la fecha, las cláusulas abusivas tenían su ámbito propio en la relación con los consumidores, dificultando enormemente a autónomos, empresas y profesionales poder reclamar este tipo de  cláusulas impuestas en sus préstamos a causa de la imposibilidad de poder aplicarles la legislación propia de los consumidores sobre las cláusulas abusivas en los contratos.

Pero recientemente, en su sentencia 168/2020, el Tribunal Supremo ha dejado claro que también los no consumidores, es decir, los autónomos, profesionales o empresarios, pueden reclamar la devolución de las cantidades pagadas de más como consecuencia de la imposición de la cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios.  Leer más  

La defensa de los avalistas ante la posición dominante de la entidad financiera

DepresionComo es sabido, es práctica habitual de las entidades financieras exigir a las empresas garantizar las operaciones de crédito con fianzas o avales solidarios de personas físicas obligando y, en muchas ocasiones, “forzando”, a los avalistas y fiadores a prestar una garantía ilimitada, solidaria y con renuncia a todos los derechos y beneficios de excusión, división y orden que el Código Civil reconoce a los fiadores en cuanto que son garantes y no prestatarios.

Cuando el deudor principal no puede afrontar el pago de las cuotas a las que se obligó, el fiador, al renunciar a sus derechos y beneficios de excusión, división y orden, se coloca, muchas veces sin saberlo, en la misma posición de responsabilidad de la deuda que el deudor principal y la entidad bancaria goza de la facultad de reclamarle directamente totalidad de la deuda sin la necesidad de que el deudor principal haya sido previamente declarado insolvente.

En estos casos, estos avalistas responden con todos sus bienes, presentes y futuros, de la deuda del deudor principal.

La renuncia de estos derechos, en muchas ocasiones, provoca la abusividad de la cláusula de afianzamiento y, consecuentemente, su nulidad.  Leer más  

Estado de alarma COVID-19. Dudas mercantiles, societarias y fiscales

Faro (1)

Estado de Alarma y Concurso de Acreedores:

 

Si, por falta de liquidez, no puedo pagar a mis acreedores o preveo que no lo podré hacer en breve, ¿debo solicitar el concurso de acreedores?

Con carácter general, el deudor debe solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia (Ley Concursal art.5.1), o, en su caso, poner en ese plazo en conocimiento del juzgado de lo mercantil del domicilio social el inicio de negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos (es el “preconcurso” de la Ley Concursal art.5 bis).

Dada la situación excepcional creada por el estado de alarma declarado por RD 463/2020, mientras esté vigente dicho estado se aplican las siguientes reglas (RDL 8/2020 art.43):  Leer más