Que la venta de los inmuebles de una empresa concursada se lleve a cabo por un precio de mercado y justo es altamente importante. Sería fatal para los acreedores, incluso en el caso de conseguir alcanzar un convenio, que la concursada se hubiera desprendido de bienes inmuebles durante la vigencia del concurso por debajo del su precio de mercado. Leer más
La protección de la confianza fundada de los ciudadanos y, en definitiva, la seguridad jurídica garantizada por nuestro Ordenamiento Jurídico, imponen a la Administración límites ciertos y concretos.
Parece pues claro que según nuestro Tribunal Constitucional, tal como venimos exponiendo, el criterio de “no previsibilidad” es el criterio básico que hay que valorar, a la hora de analizar el principio de “confianza legítima”. Leer más
No son pocas las veces que las administraciones locales deniegan determinadas licencias y autorizaciones a las empresas colocándolas en una clara situación de desventaja competitiva en el sector.
En el marco de una economía de mercado, la libertad de empresa es un derecho que opera como garantía institucional: es el reconocimiento a los particulares de una libertad de decisión no sólo para crear empresas, y por tanto para actuar en el mercado, sino también para establecer los propios objetivos de la empresa y dirigir sus recursos. Leer más
Cuando una empresa ha desaparecido de la vida comercial sin haber sido disuelta ni liquidada legalmente, existiendo deudas pendientes, nos encontramos ante un comportamiento realizado por el administrador que es contrario a la ley y a los estatutos.
Esta actuación negligente del administrador produce un daño patrimonial y económico en un acreedor puede exigir sea indemnizado. Leer más
Dice la Ley General Tributaria, que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias.
Sin embargo, ¿cuántas veces se encuentra el contribuyente ante un procedimiento tributario de duración indefinida en el tiempo? Leer más