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Nueva Ley de Telecomunicaciones

Boton encendido

La Ley General de Telecomunicaciones ha sido aprobada de forma definitiva tras el debate de las enmiendas en el Pleno del Congreso.

La Ley pretende favorecer la creación de empleo, fomentar la economía digital y la I+D con el despliegue de redes, garantizar la cohesión social y territorial, mejorar la coordinación entre administraciones, incrementar la protección de los consumidores y dar un mayor control parlamentario a su cumplimiento.

Los objetivos de la tramitación de esta Ley fueron defender el derecho de los usuarios a oponerse a recibir llamadas comerciales no deseadas, garantizar que todos los hogares españoles tengan acceso a una velocidad mínima de Internet de 10 megabits por segundo en el año 2017 y a que, tres ejercicios más tarde, la banda ancha llegue a los 30 megabits por segundo y, al menos la mitad del hogares, puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100Mbps.

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Nace el Registro Público Concursal

Archivadores

El Registro Público Concursal persigue una mejora de la seguridad jurídica y una mayor agilidad procesal. Responde a un principio de unidad de información de tal forma que, tanto las resoluciones procesales que se adopten a lo largo del proceso Concursal, como las que implican la apertura de negociaciones para alcanzar los acuerdos extrajudiciales y los asientos registrales derivados de los mismos, encuentren un punto de encuentro a efectos de su publicidad.

Se prevé como el instrumento que asegura una coordinación entre los Juzgados de lo Mercantil y los distintos registros públicos, así como con los expedientes sobre acuerdos extrajudiciales de pagos.

Se pretende que esa publicidad se obtenga a través de internet, lo que facilita la accesibilidad a la información Concursal; el resultado ha de ser la puesta a disposición de los interesados de una información coordinada y completa.

BOE  Núm. 289 martes 3 de diciembre de 2013 Sec. I. Pág. 95620. RD 892/2013 de 15 de noviembre. Entrada en vigor en tres meses.

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No siempre somos culpables cuando la administración nos sanciona

Muro

Cuando nos llega una sanción administrativa por haber cometido una infracción, ¿no es cierto que muchas veces, a pesar de haberla cometido, sentimos que no somos culpables de ello?

La apreciación de la culpabilidad en la conducta del ciudadano es una exigencia que surge directamente de los principios constitucionales de la seguridad jurídica y de legalidad en cuanto al ejercicio de potestades sancionadoras de cualquier naturaleza. Leer más  

La confianza legítima de los ciudadanos en el derecho administrativo

Aurora

La protección de la confianza fundada de los ciudadanos y, en definitiva, la seguridad jurídica garantizada por nuestro Ordenamiento Jurídico, imponen a la Administración límites ciertos y concretos.

Parece pues claro que según nuestro Tribunal Constitucional, tal como venimos exponiendo, el criterio de “no previsibilidad” es el criterio básico que hay que valorar, a la hora de analizar el principio de “confianza legítima”. Leer más